LA DESVENTAJOSA ENTREGA DE LOS RECURSOS EN BOLIVIA

“NO QUEREMOS PROPIETARIOS DE NUESTROS RECURSOS. QUEREMOS SOCIOS”

ENTREVISTA A Mª DEL CARMEN ALMENDRAS CAMARGO, EMBAJADORA BOLIVIANA EN ESPAÑA

Se mueve en su despacho sin mucho protocolo. Una mujer acostumbrada al trabajo en equipo, a la que sorprendimos entre reuniones con representantes de todas las asociaciones de bolivianos en España para trabajar coordinados a través de una federación que los acoja. A sus 34 años, esta joven abogada ha estado muy vinculada a su presidente Evo Morales, y no duda en afirmar: “lo admiro y respeto profundamente”.

NOVIEMBRE, 2007 - MADRID, ESPAÑA
Gabriela Puerto Mestre

“¿Puedo fumar?”, nos preguntó la embajadora. Claro, es su casa, y de mi bolsillo saque un mechero del Barça. “Soy del Real Madrid”, retrucó. Le respondí que era sólo fuego.

Camargo cuando apuesta por algo va hasta el final. Los 300.000 bolivianos residentes en España pueden estar tranquilos porque tienen una embajadora que vela por ellos, sobre todo por los 240.000 que aún viven sin la tan codiciada documentación.

¿Cuál es su relación política con el presidente Evo Morales?

En el marco del proyecto de cambios políticos y morales de Bolivia, el presidente Morales y su gobierno, decidieron cambiar la imagen del servicio exterior que brinda el país. Estamos construyendo un nuevo paradigma de la diplomacia que relaciona cancillerías y gobiernos pretendiendo establecer niveles de diálogo también entre la sociedad civil, al tiempo de poner el centro de su atención en los bolivianos residentes en el exterior. En ese sentido, España es un país prioritario porque tiene el ingreso hacia la Unión Europea, y con él queremos reforzar las relaciones. Mi relación con el presidente data de largos años acompañándolo en sus luchas y demandas, sobre todo en los temas agrarios y también sobre la reforma constitucional que nos ha ocupado durante los últimos años.

¿Cuál es la misión que le ha encomendado el presidente Morales en España?

El primero como parte de la misión diplomática, fortalecer las relaciones bilaterales y de cooperación con España lo que se ubica de manera prioritaria en la agenda. Además la atención a la comunidad boliviana a través de una figura que establece mecanismos para hacer cumplir los derechos de las personas que emigraron de su lugar de origen. Desde la Embajada trabajamos para que quienes quieran retornar al país, lo hagan en las mejores condiciones.

¿Qué trabajo está realizando la Embajada en relación al 80 por ciento de los bolivianos que residen aquí sin documentación?

Ciertamente esa es una característica de la comunidad boliviana en España: la alta vulnerabilidad por el carácter masivo que tiene la indocumentación”. Queremos aportar al debate que no considere al migrante como “ilegal”. De 300.000 solo 60.000 tienen carácter regular y aunque en este momento no se puede hablar de una regularización masiva, su regularización ha sido un tema recurrente en los encuentros entre las altas autoridades, como el del vicepresidente de la República en su visita a España o nuestro canciller en la materia, expresando a su homólogo la preocupación por buscar mecanismos que permitan un regularización gradual a través del arraigo social, laboral, la reagrupación familiar. Queremos establecer los mecanismos del servicio consular para que esto sea posible. Nuestra estructura consular, que data de cinco años, - tiempo en el que la comunidad boliviana se ha triplicado pasando de 100.000 a 300.000 bolivianos - está siendo ampliamente rebasada en su capacidad. Una de las principales tareas de la Embajada es hacer una reforma consular cuantitativa y cualitativa para que la atención sea en calidad y en calidez. Para ello se están abriendo nuevos Consulados en Valencia donde viven 50.000 bolivianos y en 2008 se abrirá otro en Murcia.

¿Qué papel tienen hoy los partidos políticos en los temas de la inmigración?

Una variable que cruza lo electoral, es el tema migratorio aunque es un tema que pasa por la voluntad política de los partidos. El propio Senado de la República, con una composición mayoritaria de la oposición, ha venido a hablar con su homólogo del Senado español para plantear esta demanda. Debemos afrontar el fenómeno de la inmigración de manera conjunta con otros países latinoamericanos, teniendo la esperanza de que este tema se asuma mejor.

¿Cuál es el trabajo que sobre el fenómeno de la inmigración desarrolla el gobierno de Bolivia?

Entendemos el fenómeno de la inmigración ya no sólo en lo cultural, económico y social sino también cada vez más en lo político, ha de ser analizado desde sus causas y no tan únicamente desde sus efectos en un marco de corresponsabilidad. Aplicando un nuevo patrón económico se puede permitir el retorno de los bolivianos con nuevas oportunidades. El marco de la cooperación también lo entendemos en ese sentido; ayudando según las prioridades de desarrollo del país a atacar las causas estructurales. España ha ratificado públicamente ese respeto y nivel de complementariedad en la cooperación en los temas económicos y sociales coincidentes para avanzar.

¿Qué puede decirnos sobre los “brotes de nacionalismo” que vive Bolivia y Latinoamérica?

El caso boliviano es un proceso político con tres grandes desafíos que si bien guarda coincidencias con el proceso latinoamericano, también tiene ciertas particularidades. Una es que la agenda política del actual gobierno, no es improvisar sino que recoge las demandas de las organizaciones y movimientos sociales indígenas y campesinos. Entre los retos bolivianos señalar en primer lugar, la inclusión social de la población indígena y campesina, quienes hasta ahora no habían tenido posibilidades de participar y tomar decisiones. Por primera vez en la historia de nuestro país, tenemos un presidente indígena, lo que cambia las reglas institucionales y constitucionales así como lo hace también con las estructuras mentales. Era hora por razones de justicia social, que 36 pueblos indígenas fueran considerados en la vida pública. El segundo desafío es la descentralización del poder. Bolivia ya no podía soportar la presión de un estado centralizado que descuidó varias regiones, ante lo cual es necesario buscar referentes de “autonomías regionales” haciendo que el Estado esté más cerca del ciudadano para atender sus demandas. La Asamblea Constituyente incorpora este tema para analizar qué competencias se quedan en el Estado Central y cuáles en las autonomías departamentales, incorporando además una nueva categoría que son las “autonomías indígenas” con sus posibilidades de autodeterminación y re-racionamiento con el gobierno central.

El tercer desafío, consiste en definir nuevas reglas económicas ante las grandes asimetrías que existen en el país; uno de gran extensión y poseedor de riquezas y recursos naturales que no fueron manejados adecuadamente. Los recursos naturales fueron entregados de manera ventajosa a los inversores con reglas que determinaban mayores beneficios a las empresas y dejaban muy pocas ganancias al país, a lo que se suma una mala distribución. No es un proceso fácil, ni reporta resultados inmediatos y significa la transformación en la escencia misma de un nuevo Estado. A raíz de ello, se han visibilizados altos grados de polarización lo que a veces los medios de comunicación recuperan con un sentido devaluado éticamente y con falta de objetividad. Lo que se muestra a nivel exterior es la polarización social, pero lo que no sale es que lo que se hizo era una demanda de hace mucho entre los bolivianos. El proceso internacional influye pero sobre todo la realidad boliviana es el resultado de un proceso interno y de abajo hacia arriba.

La revisión histórica que Bolivia viene haciendo en cuanto a las empresas instaladas en su territorio: ¿Qué ambiente se respira en Bolivia en torno a eso?

Uno de los aspectos más conocidos a nivel internacional fueron las modificaciones implementadas en el campo hidrocarburífico. Hasta tanto, el país cumplía con reglas desventajosas para sus ganancias que ni siquiera cumplieron con todas las etapas de la legislación. Los contratos con las empresas no fueron refrendados por el Legislativo para dar la seguridad correspondiente, por lo tanto lo que se hizo fue cambiar una normatividad y buscar el consenso. En el diálogo mutuo se han llevado a actuales acuerdos por medio de los que todas las empresas firmaron su reconversión de los contratos. Todas las empresas continúan en el país, es más, volviendo con iniciativas para invertir. Petrobrás ha anunciado una fuerte inversión en el país que será refrendada con la visita del presidente Lula da Silva, lo que da a entender que el proceso continúa y con mayor seguridad jurídica que antes. No queremos propietarios de nuestros recursos naturales; es el Estado Boliviano el que tiene que manejarlos. Queremos socios, estamos abiertos a las inversiones en el marco del respeto, la complementariedad y las ganancias mutuas. En un principio los contratos establecían un nivel del 82 por ciento de ganancias para las empresas, quedando un 18 por ciento para el Estado, ahora los porcentajes son a la inversa.

¿Esta revisión ha afectado la llegada de algunos inversores al país?

Lo que buscan los inversores es seguridad jurídica, por eso estamos empeñados en tener nuevas reglas. La empresa Petrobrás continuará invirtiendo; la India está invirtiendo en la industria metalúrgica con la explotación del hierro. También otras empresas están interesadas a nivel de los servicios; además la próxima visita de la presidenta Bachelet son más indicadores del estado de la situación.

¿Cuál es ahora la relación entre Bolivia y Chile, a raíz del conflicto por el agua?

Actualmente existe una circunstancia de gran acercamiento entre los gobiernos chileno y boliviano. El presidente Morales ha manifestado que no se puede renunciar a una demanda histórica pero que también de vista al futuro, hay que encontrar ejes de convergencias. Hay acercamientos entre ambos países, lo que esperamos reporte buenos resultados.

¿Bolivia ve posible contar con una salida al mar?

Estamos en avances importantes sobre el tema. Yo creo que la visita de la presidenta chilena a Bolivia ha de dar algunas señales y mayores resultados sobre las gestiones, pero sin duda se trata de una cita histórica porque ha habido momentos de fuertes distanciamientos entre Chile y Bolivia.

En cuanto a la Reforma Constitucional, la oposición afirma que se hizo a puerta cerrada e internacionalmente se ve como una influencia de la política de Chávez en Bolivia. ¿Qué tiene para decir el gobierno al respecto?

Algunos medios dicen que se estaría procediendo de manera totalitaria hacia la constitución de un nuevo Estado, ante lo que quiero acotar que en muchas sociedades algunos conflictos se han desarrollado de manera violenta incluso a través de guerras civiles. En el caso de Bolivia, la población decidió apoyar mayoritariamente el proyecto del actual gobierno con un 54 por ciento de los votos por la vía democrática y constitucional en un Estado de Derecho. La Asamblea Constituyente con 255 representantes, no logró los consensos esperados con los altos índices de enfrenamiento y lamentablemente de pérdidas de vidas humanas. En este marco, la propuesta del gobierno de la República es terminar con un proyecto de
Constitución que luego se vuelque a la consulta popular por medio de un referéndum que se define a partir de la voluntad mayoritaria, acompañada por validadores internacionales. El artículo 2 de nuestra Constitución establece que la soberanía reside en el pueblo, por tanto es el soberano quien refrendará este proyecto diciendo si es beneficioso o no para el país. Si lo fuera, se procedería a llevar adelante los cambios, sino, se continuaría con la norma vigente.

El componente indígena de participación real, es una situación única de Bolivia porque la mayoría de la población tiene esa condición. El último censo realizado en 2002, reporta que el 71 por ciento de la población se reconoce como indígena, para quienes es necesario hacer cambios profundos. Lo que no se ha transmitido a los medios de comunicación es que no es solamente el oficialismo el que está reunido, sino que además hay diez representaciones políticas que participan de este proceso. Evidentemente la ciudad de Sucre no tenía las condiciones para seguir sesionando. Se buscó otro medio y ahora con el cambio de normativa, se cambiará de sede para que la Constituyente siga sesionando. Sin embargo no será ese procedimiento el que se aplique inmediatamente, sino que será un proyecto refrendado por la sociedad.

¿Cuáles son los objetivos de la reforma Constitucional, sobre todo teniendo en cuenta su surgimiento como una iniciativa aborigen?

La Reforma Constitucional tienen dos objetivos desde nuestro punto de vista: intentar visualizar la realidad actual del país en el texto constitucional y proyectarse a un contexto internacional. El proyecto de reforma constitucional todavía está en construcción, ya que aun no ha sido aprobado. Una cosa es la aprobación en grande del proyecto, y otra entrar al detalle con un texto definitivo. Considero de avanzada incluir las declaraciones de los derechos de los pueblos aborígenes en el marco constitucional, consolidando los derechos de los pueblos. En lo económico, articulamos nuevas medidas para la explotación y asignación de los recursos así como los derechos de las empresas inversoras. También se incluyen temas medio ambientales, políticos, sociales y en la cuestión de las autonomías, el desafío es dar pasos para el ciudadano aunque sin desviar la mirada de lo que ocurre a nivel internacional.

¿Qué mensaje brinda a los trabajadores bolivianos en España?

En el ámbito migratorio nuestra esperanza es que cada vez más se vaya asentado este proceso político e ir recuperando la confianza. Una vez que tengamos un nuevo Texto Constitucional, y si este es refrendado por la voluntad popular, lo inmediato que se reformará serán las instituciones acompañados por un nuevo patrón productivo, que pase de la exportación de materias primas a uno que las trasforme con otros aires de desarrollo. Tenemos mucha riqueza mineral, de biodiversidad, bosques de madera sin antecedentes en Latinoamérica, tenemos riqueza en hierro, en litio, en recursos hídricos, todo lo que empezará a trabajarse con nuevas reglas económicas, con oportunidades de empleo. El presidente lo planteó en la reciente Cumbre Iberoamericana: “Lo que queremos es que no salga más gente del país”.

También el tema de las remesas, debe convertirse en un argumento sostenible por el esfuerzo que estos trabajadores realizan para enviar estos recursos al país. Este dinero debe encontrar proyectos en los que viabilizarse para que cuando quieran regresar a Bolivia, encuentren alternativas económicas. Consideramos al migrante como un factor de desarrollo tanto para el país de origen, como para el de acogida con una regulación que aporta beneficios mutuos haciéndolo sujeto de derecho, al tiempo que transparente el fenómeno migratorio. Quiero trasladarle al ciudadano boliviano que su Estado está preocupado por su condición en el extranjero; que quiere hacerlo partícipe en la toma de decisiones y en los

procesos electorales que se desarrollen, tal y como afirmó el presidente Morales en el mensaje que lanzó a la comunidad residente en el exterior durante el mes de agosto. También informarles que abogamos por un trabajo consular que les otorgue todas las posibilidades para residir en condiciones dignas en el país que decidieron ocupar. Trabajamos conociendo a la comunidad boliviana, y su profundo sentido de arraigo hacia la familia y el territorio que los vio nacer; trabajamos para que retornen a Bolivia en condiciones mejores.

MARÍA DEL CARMEN ALMENDRAS CAMARGO, EMBAJADORA DE BOLIVIA ANTE EL REINO DE ESPAÑA

Nació en Cochabamba en enero de 1973, casada, madre de familia. Habla castellano y quechua. De formación abogada, es especialista en derecho agrario y legislación referida a recursos naturales. Es activista de los derechos humanos. Durante 10 años trabajó en el proceso de las reformas constitucionales y legales acompañando, asesorando a organizaciones sociales, sobre todo a pueblos indígenas y originarios. En el ámbito laboral fue encargada nacional del Programa Tierra de Caritas Boliviana dependiente de la Conferencia Episcopal Boliviana, de 1998 a 2003; en la misma institución desempeñó funciones de coordinación nacional de las actividades de 2004 a marzo de 2007. Fue miembro del directorio del Fondo de Crédito Solidario (PEAP FONCRESOL). Se desempeñó como coordinadora de una red nacional interinstitucional llamada Mesa Técnica de Tierra (2000 a 2005) que acompañó y asesoró a movimientos campesinos e indígenas en la proposición y gestión de demandas, de iniciativas legislativas y políticas referidas al sector. Fue asesora de la Conferencia Episcopal de Bolivia y Latinoamericana en temas relacionados a tierra, recursos naturales, políticas públicas para la paz y Asamblea Constituyente.